RECOMENDACIONES DE LA OCDE PARA COLOMBIA EN EL 2015

Imagen tomada de www.oecd.org

Por

Kimberly Jaramillo Gallego

Valeria Mira Montoya

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) es un organismo internacional que asesora a los países para el mejoramiento de sus políticas públicas, centrándose en los aspectos económicos, sociales y ambientales. 

Está conformada por 34 países: Alemania, Austria, Australia, Bélgica, Canadá, Chile, Corea, Dinamarca, Estados Unidos, España, Eslovenia, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Islandia, Israel, Italia, Japón, Luxemburgo, México, Noruega, Nueva Zelanda, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, República Eslovaca, Suecia, Suiza y Turquía.

En enero de 2011, el Presidente Juan Manuel Santos anunció ante la OCDE el interés de Colombia de adherir a la Organización, por lo cual se ha estado evaluando la calidad de las políticas públicas colombianas y se está ayudando a mejorarlas.

Según el gobierno Colombiano, pertenecer a la OCDE es un sello de calidad sobre todas las políticas, es crear confianza para los inversionistas, es seguir insertando a Colombia en los escenarios más importantes en materia económica y política, y es lograr que todos tengan los ojos puestos en el país (Gobierno, Abecé de Colombia en la OCDE, 2013).

Con el fin de considerar su ingreso, Colombia debe seguir una serie de recomendaciones consignadas en la evaluación publicada en enero del presente año por la Organización. En el informe se tienen en cuenta las necesidades de gastos, estimadas en el 1.7% del PIB, y que incluyen inversión en estructuras públicas para impulsar el desarrollo económico, políticas sociales, como ampliación de las pensiones no contributivas, aumento en la calidad de la educación, cobertura de los programas de primera infancia y gastos adicionales en salud; y el potencial acuerdo de paz con grupos armados. 

Las medidas recomendadas son las siguientes:

1. Aumentar la recaudación, pues los ingresos de Colombia están entre 2 y 4 puntos porcentuales del PIB por debajo de lo esperado según su nivel de desarrollo económico y sus condiciones estructurales. Esto, debido a que la evasión tributaria es generalizada, hay muchas exenciones y su administración es débil. 
2. Fortalecer la administración tributaria, debilitada por los altos niveles de informalidad de la economía, para reducir la evasión y aumentar la capacidad de recaudo. 
3. Ampliar la base del impuesto a la renta de sociedades de forma gradual. 
4. Aumentar el personal y la capacidad técnica de la administración tributaria para que, aprovechando los avances tecnológicos, puedan detectarse las áreas de potencial fraude fiscal. 
5. Aumentar las sanciones por fraude fiscal e incluso convertir en delito la evasión tributaria nacional y extraterritorial. 
6. Excluir a las empresas del impuesto sobre el patrimonio y a cambio incluir la propiedad personal de acciones societarias en la base impositiva (como forma de patrimonio). 
7. Adoptar un régimen de IVA basado en el consumo reduciendo la carga tributaria sobre la inversión. 
8. Suprimir las exenciones del IVA, por ejemplo en el sector de la construcción, la electricidad[1], el transporte y los servicios financieros, para ampliar la base. 
9. Aumentar la tasa general del IVA (16%) pues resulta baja con respecto al promedio de la Organización (19.1%). 
10. Reducir las exenciones al impuesto de renta personal en sectores como pensiones, ahorros voluntarios para la jubilación, adquisición de vivienda y reducir las deducciones sobre los ingresos de los empleados. 
11. Gravar los dividendos para las personas físicas. 
12. Eliminar los subsidios de vivienda como el plan PIPE[2]. 
13. Eliminar las exenciones del impuesto sobre la renta para los ahorros inmobiliarios. 
14. Desincentivar las actividades que dañan el medioambiente, por ejemplo, mediante la implementación de un impuesto al carbono. 
15. Aumentar la productividad y la competitividad fuera del sector de las materias primas para crear más puestos de empleo en el sector formal, a través de la formación y de la introducción de cambios en la política laboral. 
16. Incrementar el acceso a la financiación mediante la introducción de mayor competencia en el sistema bancario y eliminar el impuesto a las transacciones financieras. 
17. Adoptar reformas legales que aumenten los derechos de los acreedores y doten de mayor eficiencia al sistema judicial para mejorar la competencia y la eficiencia bancaria. 
18. Dotar a los mercados laborales de mayor eficiencia e inclusión. 
19. Incrementar la calidad educativa proporcionando más entrenamiento a los maestros y profesores. 
20. Luchar contra la corrupción. 
21. Facilitar la inversión en infraestructuras. En este punto se toma como una medida positiva la flexibilización en el proceso de obtención de licencias ambientales y la racionalización en la adquisición de tierras. Sin embargo, la participación de la ciudadanía se ve como un obstáculo, por tanto se propone definir claramente los procedimientos, sobre todo de compensación económica y registrar a las minorías que tengan derecho a intervenir. Se propone igualmente elaborar estudios ambientales previos a la concesión de los contratos para reducir costos y riesgos.[3] 
22. Adaptar el salario mínimo a niveles más favorables para la creación de empleo como medida para disminuir la informalidad. Se propone un aumento limitado a la inflación y el establecimiento de un salario mínimo diferenciado por edad para potenciar el empleo de jóvenes menos capacitados. 
23. Eliminar la contribución del 4% del salario destinado a las cajas de compensación familiar.[4] 
24. Dotar a los empleadores de flexibilidad para ajustar el horario de trabajo a las necesidades de producción, por ejemplo permitiéndoles calcular el promedio de horas de trabajo y de horas extras con arreglo a un período de tiempo superior a una semana como los demás países de la OCDE.[5] 
25. Reformar ambos regímenes pensionales y ampliar el programa BEPS para eliminar la desigualdad entre las personas de la tercera edad. En este punto se manifiesta que la pensión mínima representa el 60% del salario medio mientras que en la OCDE asciende a menos del 20%. Sobre este tema en particular se recomienda: 

• Aumentar los años de referencia para calcular el nivel de ingresos de la pensión (actualmente 10 años) incrementaría la equidad. 
• Equiparar la edad de jubilación para hombres y mujeres. 
• Trasladar una mayor proporción de la fuerza laboral al sector formal para que pueda aportar al sistema. 
• Eliminar la competencia entre los regímenes complementando el plan privado con uno público básico de prestaciones definidas, reduciendo la generosidad del plan público y retirando gradualmente el plan público.

Bibliografía

Gobierno, S. i. (Mayo de 2013). Abecé de Colombia en la OCDE. Obtenido de Presidencia de la República: 

http://wsp.presidencia.gov.co/Prensa/2013/Mayo/Paginas/20130530_01.aspx

Gobierno, S. i. (Abril de 2013). Principales aspectos del Plan de Impulso a la Productividad y el Empleo (Pipe) por un país más justo, moderno y seguro. Obtenido de Presidencia de la República: http://wsp.presidencia.gov.co/Prensa/2013/Abril/Paginas/20130415_07.aspx

OCDE. (Enero de 2015). Estudios económicos de la OCDE Colombia. Obtenido de http://www.oecd.org/eco/surveys/Overview_Colombia_ESP.pdf

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[1] En el documento emitido por la OCDE se habla de supresión de las exenciones en servicios no esenciales.

[2] Plan de Impulso a la Productividad y el Empleo “El Plan se concentra en medidas transversales, que impactan todos los sectores de la actividad económica y medidas sectoriales, con disposiciones específicas en sectores de alto impacto en la generación de empleo”. Contempla medidas cambiarias, arancelarias, tributarias, de competitividad, anti-contrabando, de infraestructura, entre otros (Gobierno, 2013).

[3] En el mismo informe se dice que “Uno de los principales problemas ambientales es la tensión que se ejerce sobre la biodiversidad a través de la expansión de las actividades extractivas, el desarrollo urbano, el tráfico rodado y el pastoreo de ganado. Colombia no tiene muchos instrumentos para desincentivar actividades que dañan al medioambiente y para incentivar un mejor desempeño ambiental” (OCDE, 2015).

[4] La OCDE establece que “las actividades comerciales y de ocio pasan a ser voluntarias” (OCDE, 2015).

[5] En este punto la reforma que actualmente se impulsa en el Congreso para que la jornada nocturna pase de 8 a 12 horas puede verse como un obstáculo para dicha flexibilización.